Resolución A.1025(26) Adoptada el 2 de diciembre de 2009

(Punto 10 del orden del día)

 

 

LA ASAMBLEA, RECORDANDO el artículo 15 j) del Convenio constitutivo de la Organización Marítima Internacional, artículo que trata de las funciones de la Asamblea por lo que respecta a las reglas y directrices relativas a la seguridad marítima,

RECORDANDO los derechos y obligaciones de los Estados de conformidad con el derecho marítimo internacional, incluidas las disposiciones sobre piratería de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

RECORDANDO TAMBIÉN el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 1988, y el Protocolo de 1988 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, y alentando a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que ratifiquen los antedichos instrumentos como cuestión prioritaria, 

TOMANDO NOTA de la resolución A/RES/63/111, "Los océanos y el derecho del mar", mediante la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 63º periodo de sesiones, instó a todos los Estados a que, en cooperación con la Organización Marítima Internacional, reprimieran activamente la piratería y el robo a mano armada en el mar mediante la adopción de medidas, en particular las relacionadas con la asistencia para el aumento de la capacidad mediante la formación de la gente de mar, el personal portuario y el personal de vigilancia en la prevención, la denuncia y la investigación de incidentes, el enjuiciamiento de los presuntos autores de conformidad con el derecho internacional y la promulgación de legislación nacional,

 

TOMANDO NOTA TAMBIÉN de la aprobación por parte del Comité de Seguridad Marítima de las circulares MSC.1/Circ.1333 y MSC.1/Circ.1334, en las que figuran recomendaciones para los Gobiernos y orientaciones para propietarios y armadores de

buques, capitanes y tripulaciones sobre la prevención y represión de los actos de piratería y robos a mano armada contra los buques,

RECONOCIENDO CON GRAN PREOCUPACIÓN el grave peligro que suponen los actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los buques para la seguridad de la vida humana en el mar, la seguridad y la protección marítimas y la protección del medio marino,

RECONOCIENDO TAMBIÉN que el número de actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los buques sigue aumentando en todo el mundo,

CONSCIENTE de que la lucha contra la piratería y los robos a mano armada contra los buques se ve con frecuencia obstaculizada por la falta de legislación eficaz en algunos países que permita investigar los casos notificados de piratería y robo a mano armada contra buques,

TOMANDO NOTA de la necesidad de creación de capacidad y de cooperación técnica en el ámbito de la represión de la piratería y de los robos a mano armada perpetrados contra los buques,

CONSCIENTE TAMBIÉN de que, cuando se realizan detenciones, algunos Gobiernos carecen del marco legislativo y las directrices de investigación necesarias para condenar y sancionar a los implicados en actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra buques,

RECORDANDO que la Asamblea adoptó en su vigésimo segundo periodo de sesiones ordinario el Código de prácticas para la investigación de los delitos de piratería y robo a mano armada perpetrados contra los buques ("el Código de prácticas"), mediante la

resolución A.922(22), y que en su vigésimo quinto periodo de sesiones pidió al Comité de Seguridad Marítima, mediante la resolución A.1002(25), que examinase y actualizase, con carácter urgente, el Código de prácticas, teniendo en cuenta la evolución de la situación y las necesidades emergentes,

CONVENCIDA de la necesidad de adoptar y promulgar lo antes posible un código de prácticas enmendado,

CONVENCIDA ASIMISMO de la necesidad de que los Gobiernos colaboren y adopten con la máxima prioridad todas las medidas necesarias para prevenir y reprimir los actos de piratería y robos a mano armada contra los buques,

HABIENDO EXAMINADO la recomendación formulada por el Comité de Seguridad Marítima en su 86º periodo de sesiones,

1. ADOPTA el Código de prácticas para la investigación de los delitos de piratería y robo a mano armada perpetrados contra los buques ("Código de prácticas"), cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución;

2. INVITA a los Gobiernos a que colaboren en aras de la seguridad de la vida humana en el mar, la protección del medio ambiente y el incremento de la protección marítima redoblando sus esfuerzos para reprimir y prevenir los actos de piratería y robos a mano armada contra los buques;

3. INSTA a los Gobiernos a que implanten el Código de prácticas a que investiguen todos los actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra buques dentro de su jurisdicción y a que comuniquen a la Organización la información pertinente sobre todas las investigaciones y enjuiciamientos en relación con esos actos a fin de poder extraer lecciones de las experiencias de los propietarios de buques, capitanes y tripulantes que hayan sido objeto de ataques y mejorar con ello las orientaciones de carácter preventivo para otros que quizá tengan que hacer frente a situaciones parecidas en un futuro;

4. INVITA TAMBIÉN a los Gobiernos a que establezcan, según estimen oportuno, acuerdos y procedimientos para facilitar la colaboración en la aplicación de medidas eficaces para prevenir los actos de piratería y robos a mano armada contra los buques;

5. ALIENTA a los Gobiernos a que apliquen las disposiciones de los instrumentos internacionales cuya finalidad es la mejora de la seguridad y la protección de la vida humana en el mar y la prevención y represión de los actos de piratería y robos a mano armada contra los buques;

6. INSTA TAMBIÉN a todos los Gobiernos responsables de puertos, fondeaderos y zonas marítimas frente a sus costas a que informen a la Organización del asesoramiento específico que hayan facilitado sobre la cuestión de los actos de piratería y robos a mano armada contra los buques para comunicarlo a los buques pertinentes;

7. PIDE al Comité de Seguridad Marítima y al Comité Jurídico que mantengan el Código de prácticas sometido a examen y los autoriza a que adopten conjuntamente las enmiendas a dicho código que sean necesarias;

8. PIDE ADEMÁS al Comité de Seguridad Marítima y al Comité Jurídico que informen a la Asamblea, en su vigésimo séptimo periodo de sesiones ordinario, de las medidas adoptadas de conformidad con la presente resolución;

9. REVOCA la resolución A.922(22).

 

ANEXO

CÓDIGO DE PRÁCTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE PIRATERÍA Y ROBO A MANO ARMADA PERPETRADOS CONTRA LOS BUQUES

 

1 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO

 

El objeto del presente documento es ofrecer a los Estados Miembros de la OMI un prontuario que facilite la investigación de los delitos de piratería y robo a mano armada perpetrados contra los buques.

 

2 DEFINICIONES

 

A los efectos del presente Código regirán las siguientes definiciones:

 

2.1 "Piratería": los actos que se definen en el artículo 101* de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

2.2 "Robo a mano armada contra los buques": cualquiera de los actos siguientes:

.1 todo acto ilícito de violencia o de detención, o cualesquiera actos de depredación o de amenaza de depredación, que no sean actos de piratería, cometidos con un propósito personal y dirigidos contra un buque o contra personas o bienes a bordo de éste, dentro de las aguas interiores, aguas archipelágicas y mar territorial de un Estado;

.2 todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos anteriormente o facilitarlos intencionalmente.

2.3 "Investigadores": personas designadas por el Estado o Estados pertinentes para investigar un acto de piratería o robo a mano armada perpetrado contra un buque, después del suceso.

2.4 "Primeros responsables": personas designadas por el Estado o Estados pertinentes para intervenir en un acto de piratería o en un robo a mano armada perpetrado contra un buque, durante el suceso.

 

3 CONSIDERACIONES PREVIAS – LEGISLACIÓN

 

Detención y procesamiento

 

3.1 Se recomienda a los Estados que adopten las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción, sobre los delitos de piratería y robo a mano armada perpetrados contra los buques, incluido cualquier cambio en su legislación que sea necesario para permitirles detener y enjuiciar a las personas que cometan tales delitos. Asimismo, se alienta a los Estados a que adopten todas las medidas nacionales de carácter legislativo, judicial y de ejecución necesarias para poder hacerse cargo y enjuiciar o extraditar a los piratas y ladrones armados, presuntos o declarados, que sean detenidos por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un Gobierno. Los Estados también deberían tomar en consideración las penas adecuadas al redactar legislación sobre la piratería.

3.2 Se alienta a los Estados a que implanten las disposiciones de CONVEMAR, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, 1988, y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, 1988.

Medidas que deberán adoptar los Estados ribereños y los Estados rectores de puertos

3.3 Con objeto de alentar a los capitanes a notificar todos los sucesos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los buques, los Estados ribereños y los Estados rectores de puertos deberían poner todo su empeño en evitar que los capitanes y sus buques experimenten retrasos excesivos y que los buques tengan que hacer frente a gastos adicionales en relación con tal notificación.

 

Acuerdos o disposiciones para las investigaciones

 

3.4 El artículo 100 de CONVEMAR exige que todos los Estados cooperen en toda la medida de lo posible en la represión de la piratería.

3.4.1 Se alienta a los Estados ribereños a que cooperen en toda la medida de lo posible en la investigación de los sucesos o tentativas de robo a mano armada con otros Estados interesados, tales como el Estado de abanderamiento, y, cuando proceda, a que concierten los acuerdos bilaterales o multilaterales oportunos para facilitar dichas investigaciones y el enjuiciamiento de los autores.

3.4.2 Asimismo, se alienta a los Estados a que cooperen en toda la medida de lo posible en la investigación de los actos o tentativas de piratería y a que concierten con otros Estados interesados, tales como el Estado de abanderamiento o el Estado ribereño, acuerdos bilaterales o multilaterales con el fin de facilitar dichas investigaciones y el enjuiciamiento de los autores.

 

4 FORMACIÓN DE LOS INVESTIGADORES

 

4.1 La formación de los investigadores debería abarcar los objetivos primordiales de una investigación:

 

.1 En los casos en que se haya producido el secuestro de personas a bordo o en que se haya tomado a éstas como rehenes, el objetivo primordial de cualquier investigación u operación de los cuerpos de seguridad deberá ser la puesta en libertad de dichas personas en condiciones de seguridad. El rescate y la seguridad de tales personas deberían prevalecer sobre cualquier otra consideración.

.2 Detención de los delincuentes.

.3 Obtención de pruebas, especialmente si es necesario un examen pericial.

.4 Difusión de la información que pueda ayudar a evitar otros delitos.

.5 Recuperación de los bienes robados.

.6 Colaboración con las autoridades responsables de esclarecer los hechos.

.7 Recopilación de información conexa de todas las fuentes disponibles y evaluación de dicha información.

4.2 Los investigadores deberían contar con formación y experiencia en técnicas tradicionales de investigación de delitos, y deberían estar lo más familiarizados posible con los buques y su entorno. Si bien sus conocimientos marítimos se considerarán una ventaja, del mismo modo que sería de utilidad que tuvieran acceso a personas con experiencia en los procedimientos marítimos, su pericia como investigadores será lo más importante.

4.3 Podría ser útil contar con procedimientos escritos en el idioma nacional sobre cómo se ha de llevar a cabo una investigación. Tales procedimientos deberían actualizarse y ajustarse a la luz de la experiencia adquirida y en consonancia con la legislación nacional.

4.4 Los instructores tal vez estimen conveniente subrayar que los delincuentes pueden estar aún en el lugar del delito cuando lleguen los investigadores.

4.5 Se debería formar a los investigadores para que sepan tratar con personas que han vivido situaciones de gran tensión. Podría ser útil aprender técnicas para interrogar a personas afectadas por estrés postraumático.

 

5 ESTRATEGIA DE LAS INVESTIGACIONES

 

5.1 Es fundamental que los investigadores hayan demostrado tener pericia y competencia en la investigación de delitos, además de experiencia y conocimientos marítimos. En última instancia, los delincuentes tienen su base en tierra, por lo que es probable que sea allí donde resulten más fáciles de detectar. Por ejemplo, es posible que sus cómplices los delaten, y es precisamente en tierra donde invertirán las ganancias de su delito. También es probable que participen en otras actividades delictivas, como la introducción ilícita de inmigrantes ilegales, por lo que es conveniente que los investigadores no trabajen de forma demasiado compartimentada para que pueda aprovecharse toda la información útil disponible.

5.2 Los métodos tradicionales de los detectives ofrecen la mejor oportunidad para identificar y detener a los piratas y a los autores de robos a mano armada.

5.3 Puede ser conveniente vincular las medidas contra la piratería con las medidas de vigilancia para impedir el contrabando o el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, reduciéndose con ello la duplicación de esfuerzos y ahorrando recursos. Siempre que sea posible, debería adoptarse un planteamiento interinstitucional en las investigaciones.

Dirección general y otras actividades de coordinación y cooperación

5.4 Con miras a incrementar la capacidad de los Estados de luchar contra la piratería y los robos a mano armada contra los buques, los Estados deberían esforzarse por cooperar en la investigación en toda la medida de lo posible.

5.5 Dada la naturaleza internacional del comercio marítimo se plantean diversas cuestiones de índole jurídica o de límites. Al llevar a cabo las investigaciones, todos los Estados que tengan un interés deberían cooperar plenamente con quienes lleven a cabo las investigaciones.

5.6 Es importante que se determine la persona y/o la organización que se hará cargo de la investigación. La confusión o el retraso en las etapas iniciales llevará, en el mejor de los casos, a una disminución de las oportunidades de esclarecimiento y a la pérdida de pruebas y, en el peor, a un aumento del peligro para los miembros de la tripulación detenidos por los delincuentes, e incluso a lesiones y pérdida de vidas que podrían haberse evitado.

5.7 Deberán reconocerse los distintos intereses nacionales que pueda haber en cada caso, tales como los del Estado de abanderamiento del buque, los del país en cuyas aguas territoriales se haya producido el ataque, los del país de donde se sospecha que proceden los delincuentes, los del país de donde son nacionales las personas a bordo, los del país del propietario de la carga y los del país en donde se haya cometido el delito. En casos de piratería, el Estado de abanderamiento del buque debería asumir la responsabilidad principal y, en los casos de robos a mano armada, dicha responsabilidad correspondería al Estado en cuyas aguas territoriales se haya producido el ataque. En todos los casos debería admitirse que otros Estados tendrán intereses legítimos, por lo que es fundamental, para el éxito de las investigaciones y para la captura de los autores, que exista coordinación y cooperación entre ellos.

5.8 Debería informarse del ataque y del plan para la investigación al propietario del buque o a la compañía.

5.9 Es importante que, cuando proceda, intervengan cuanto antes las organizaciones intergubernamentales pertinentes para tener en cuenta la posibilidad de que el delito esté relacionado con la delincuencia organizada transnacional y, cuando proceda, para facilitar la correspondiente información a las organizaciones no gubernamentales que se ocupen de diversas modalidades de delitos o fraudes en el ámbito marítimo.

5.10 Si en el curso de la investigación resulta inevitable cambiar de investigadores, los investigadores reemplazados deberían rendir cumplida cuenta de la labor que hayan realizado hasta ese momento.

 

6 TRÁMITE DEL INFORME INICIAL

 

Cuando se reciba información de que un buque está sufriendo un ataque, o de que se ha cometido recientemente un delito grave, y sea posible llegar hasta el buque, deberían enviarse inmediatamente los primeros responsables e investigadores al lugar del delito. Las responsabilidades de los primeros en llegar al lugar del delito son las siguientes:

 

Asistencia a los heridos

 

.1 Proporcionar tratamiento médico a cuantos hayan sufrido lesiones e informar a los tripulantes, si es oportuno, de que la amenaza ha cesado y de que están a salvo.

Apresamiento de los delincuentes

.2 Estar alerta ante la posibilidad de que, en ciertos casos, los delincuentes se hallen todavía en las proximidades e informar de ello a los tripulantes.

Aviso a otros buques

.3 Siempre que sea posible, transmitir un aviso a los demás buques que se encuentren en la zona, y que podrían estar expuestos a un ataque.

 

Protección del lugar del delito

 

.4 La recuperación de material forense del lugar del delito puede suministrar prueba de la identidad de los delincuentes. De igual modo, la interpretación de lo que ocurrió ayudará a los investigadores a determinar los resultados de la investigación. Por consiguiente, es esencial que el lugar del delito se encuentre protegido hasta que llegue personal debidamente preparado para realizar un examen del mismo. El capitán, la tripulación y el propietario de todo buque afectado deberían ser plenamente conscientes de ello.

.5 El mayor riesgo de alteración del lugar del delito se da en las fases iniciales de intervención de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia. El personal que coordine dicha intervención debería ser consciente de ese riesgo y de la necesidad de advertir en consecuencia a todo el que acuda al lugar del delito, incluidos otros funcionarios de los cuerpos de seguridad y el personal marítimo.

.6 Las autoridades del país que tenga la responsabilidad principal de la investigación del delito deberían ser informadas de los detalles del suceso y tener la oportunidad de investigarlo. Toda prueba obtenida, junto con la información sobre las medidas adoptadas y de otra índole, deberá comunicarse al Estado que tenga la responsabilidad principal de la investigación.

 

Obtención de pruebas

 

.7 Un interrogatorio bien dirigido en el lugar del delito puede proporcionar, por ejemplo, una descripción de los delincuentes, de la embarcación que utilizaron y del rumbo tomado, información que, si se transmite rápidamente a todas las autoridades pertinentes, podría permitir la identificación y detención de los delincuentes.

.8 Los primeros funcionarios de los cuerpos de seguridad que hagan acto de presencia en el lugar del delito deberían ser conscientes de la importancia de su actuación para reunir pruebas y transmitirlas lo más rápidamente posible, aun cuando los delincuentes hayan logrado escapar. Cualquier error u omisión en las etapas iniciales puede tener graves consecuencias para el resto de la investigación.

.9 Los investigadores deberían tener presente que, durante la investigación, es importante recuperar los bienes, ya que es posible que éstos puedan convertirse en prueba en un juicio.

 

7 LA INVESTIGACIÓN

 

Proporcionalidad

 

La marcha de una investigación dependerá, en gran parte, de las circunstancias del delito, por lo que la entidad encargada de la investigación deberá considerar la "gravedad" del suceso, que puede ir desde el robo de bienes hasta la toma de rehenes y, en último término, la pérdida de vidas. Por consiguiente, las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad del delito cometido y estar en consonancia con las leyes infringidas. Cabe señalar, sin embargo, los siguientes aspectos comunes en todas las investigaciones de actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los buques:

 

Establecimiento y registro de todos los hechos pertinentes

 

.1 Deberían registrarse de manera sistemática todos los datos pertinentes. Si bien es cierto que la mayoría de los cuerpos de seguridad utilizan formularios polivalentes para la denuncia de delitos, los funcionarios encargados de las investigaciones sobre delitos cometidos en el mar deberían cerciorarse de que se incluye información adicional que quizá más tarde resulte crucial en procedimientos judiciales de ese género, como las condiciones meteorológicas, el estado de la mar, una descripción detallada del buque, su situación, rumbo y velocidad y otros datos similares.

.2 Las fotografías tomadas y las cintas de vídeo grabadas a bordo del buque, y del propio buque, ayudarán a los investigadores y testigos a explicar posteriormente lo ocurrido.

.3 Los investigadores deberían tener presente que la legislación sobre delitos perpetrados en el mar permite, en determinadas circunstancias, la incoación de procedimientos judiciales en países distintos de aquél en el que estén radicados los investigadores. Por consiguiente, las investigaciones deberían ser lo suficientemente completas y detalladas para explicar lo ocurrido a tribunales distintos de los del país de los investigadores, a veces varios años después de que se haya cometido el delito. En el informe de la investigación se deberían describir los métodos utilizados por los investigadores.

 

Consignación de las declaraciones de los testigos

 

.4 Las declaraciones de los testigos deberían consignarse de manera oficial y aceptable para su uso posterior en procedimientos judiciales. Teniendo en cuenta que tales declaraciones formarán la base de cualquier proceso, esta importante labor no debería dejarse en manos de personal que carezca de la formación requerida.

.5 Las declaraciones de los testigos deberían anotarse cuanto antes, ya que los recuerdos se desvanecen y esas declaraciones pueden verse influidas por el contacto con otros testigos y por la información que aparezca en los medios de comunicación.

.6 Si el idioma de los testigos es distinto del de los investigadores, como ocurrirá frecuentemente en los casos de piratería y robo a mano armada, la consignación de las declaraciones debería realizarse en el idioma del testigo con la ayuda de intérpretes debidamente cualificados si éstos pueden conseguirse en un tiempo razonable. Hay que recordar que las declaraciones firmadas por un testigo o, para el caso, por el presunto culpable en un idioma distinto del propio pueden carecer de valor en los procedimientos judiciales. Por consiguiente, es importante que en cada caso se establezcan los requisitos legales para la validez de los testimonios.

.7 La experiencia ha demostrado que, en los casos de piratería y robo a mano armada, es probable que los testigos y, en particular, aquellos que han sido objeto de violencia, se hallen muy angustiados. Sus experiencias habrán sido todavía más penosas si han estado en cautiverio durante periodos prolongados y/o si se han visto en peligro de muerte, y la situación se verá exacerbada si se encuentran lejos de su hogar. Los investigadores deberían tener todo esto presente y tratar a los testigos con comprensión y paciencia, a fin de poder sacar a la luz todos los hechos pertinentes al caso.

.8 Con objeto de proteger la integridad de cada declaración, siempre que pueda hacerse en un periodo de tiempo razonable, se debería entrevistar a cada testigo por separado.

.9 Los investigadores deberían centrar sus esfuerzos en obtener descripciones concretas de los individuos que participaron en el suceso, fijándose en particular en cualquier característica distintiva del "cabecilla" del grupo.

.10 Cuando hayan sido varios los delincuentes, los investigadores deberían tratar de obtener de los testigos información concreta sobre los actos de cada uno de los delincuentes, y no conformarse con afirmaciones generales sobre lo que "los secuestradores" o "los piratas" hicieron en el buque.

 

Examen forense detallado del lugar del delito

 

.11 Un examen forense detallado del lugar del delito, en especial cuando se trate de delitos graves, incluido el homicidio, es el mejor medio para obtener información y pruebas de crucial importancia que, en última instancia, podrían llevar a la resolución del caso.

.12 Los investigadores deberían mantener aislados los objetos o lugares del buque en los que los delincuentes puedan haber dejado huellas dactilares u otras marcas ocultas que pudieran ser de utilidad.

.13 Se aconseja a los investigadores que aprovechen todos los servicios especializados a su disposición.

.14 Cuando efectúen el examen forense, los investigadores deberían tener en cuenta la conveniencia de no retener a los buques ni entorpecer el trabajo a bordo más de lo estrictamente necesario.

 

Búsqueda de información en bases de datos

 

.15 Los delitos no deberían tratarse como casos aislados.

.16 Es posible que los delincuentes sean responsables de delitos similares todavía no resueltos pero, si se reúne y se examina la información sobre todos los casos ocurridos, aumentarán las oportunidades de identificar a los delincuentes. Con ese propósito, debería realizarse una búsqueda en las bases de datos pertinentes, entre otras, las de organizaciones tales como el Centro de intercambio de información establecido en Singapur en el marco del Acuerdo de cooperación regional para la lucha contra los actos de piratería y robos a mano armada contra los buques en Asia, o la Oficina Marítima Internacional, establecida en Kuala Lumpur (Malasia) por la Cámara de Comercio Internacional, para identificar posibles series de delitos. Ahora bien, la utilización de bases de datos privadas ha de ser compatible con la legislación por la que se rija la investigación. Asimismo debería considerarse la posibilidad de acudir a Interpol o a los Estados ribereños vecinos, por si tienen información sobre los delincuentes.

.17 También es posible que los delincuentes ya hayan sido condenados por otros delitos y que la información a ese respecto pueda relacionarlos con los delitos investigados.

Difusión de la información entre las entidades pertinentes

.18 Un resultado importante de toda investigación eficaz, aun en el caso en que ésta no lleve a ninguna detención, es la generación de información. Por ello, debería contarse con medios que hagan posible la difusión de información potencialmente útil a todas las partes interesadas, entre otras, los cuerpos de seguridad, las autoridades navales, los servicios de guardacostas, los capitanes de puerto y demás entidades y personas que pudieran necesitarla y valerse de ella con arreglo a su legislación nacional.

.19 Las lecciones aprendidas con una investigación, aun en el caso en que ésta no lleve a ninguna detención, deberían comunicarse a la Organización para su distribución a los Estados Miembros, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales con carácter consultivo a fin de que todas las partes interesadas puedan beneficiarse de la información obtenida durante la investigación.

.20 Si la información compilada durante una investigación hace que el Estado encargado de la investigación tenga razones para creer que podría haberse cometido en otro lugar, o podría cometerse más adelante, un delito de piratería o un robo a mano armada, ese Estado debería remitir, tan pronto como sea posible, y de conformidad con su legislación nacional, toda la información pertinente que posea a los Estados que considere que han establecido jurisdicción respecto de los delitos de piratería y de robo a mano armada, de conformidad con el párrafo 3.1 del presente Código.