Delitos contra la navegación y plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental

 

 

 

Fuente: Seguridad Portal Web

Foto: eloikos.blogspot.com

El Parlamento Uruguayo se dispone a aprobar y tipificar los delitos contra navegación y plataformas fijas.

Una iniciativa del Diputado José Amy (Partido Colorado) recoge los conceptos del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos para la Seguridad de la Navegación Marítima y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental y los inserta en la normativa legal uruguaya.

 

 

 

La nueva situación y posición de Uruguay dentro del mundo de los hidrocarburos hace necesario esta revisión de situación del país por lo que el Parlamento Uruguayo analiza esta situación que ya cuenta con el aval del Ministerio de Defensa Nacional, de la Prefectura Nacional Naval, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Ancap -entre otros-, son algunos de los organismos que ya dieron su opinión.

El diario La República expresa en una de sus notas que el pasado 4 de diciembre concurrieron por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consultor Jurídico Diplomático y Director de Asuntos de Derecho Internacional, Dr Carlos Mata y el Director de Asuntos Políticos Especiales, Dr. Álvaro González Otero. "Cuando analizamos el proyecto de ley advertimos que hacía referencia a dos normas internacionales: el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos para la Seguridad de la Navegación Marítima y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, ambos del 10 de marzo de 1988", dijo Mata. A su entender, "surgen ciertas dudas en cuanto a si nuestro país tiene jurisdicción para entender, no tanto en lo que hace a los buques de bandera nacional -porque si están en alta mar, claramente la tiene-, sino en plataformas fijas enclavadas en la plataforma continental que estén más allá del mar territorial -es decir-, que se ubiquen en la zona económica exclusiva o más allá. Esto ocurriría si –eventualmente-, prosperara la presentación que hizo Uruguay en la Comisión de Naciones Unidas para que la plataforma exceda las 200 millas marinas".

Como el proyecto de ley refiere a plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, "cuando estas plataformas excedan las 12 millas marinas o sea, cuando estemos en plataforma y en zona económica exclusiva o en alta mar, podremos plantearnos la pregunta de si Uruguay tiene jurisdicción como para actuar en materia penal, con un juez penal uruguayo". El principio general, sostuvo Mata, "es que si estamos en zona económica exclusiva o sobre todo en alta mar, Uruguay no tendría jurisdicción para actuar. No obstante, puntualizó que en el artículo 80 de la Convención sobre el Derecho del Mar se señala: Islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental. Por lo tanto, "desde el punto de vista del derecho internacional público, y no en materia penal, podemos decir que el Estado uruguayo tiene jurisdicción y que el proyecto se adecua a la jurisdicción que tiene nuestro país en este tipo de plataformas". Para González Otero, "yendo al contexto internacional, a las convenciones ratificadas por el país, y particularmente a la Convención sobre el Derecho del Mar, no hay duda alguna de que el proyecto es compatible".

Consultado el Diputado José Amy (Partido Colorado) por Seguridad Portal Web le mismo expreso que "El anuncio del próximo comienzo de actividades de exploración de hidrocarburos en nuestra plataforma marítima y el nuevo mundo marítimo que nos encontramos requiere dar seguridad a los inversores y, parte de ello, es el adoptar normas como el presente proyecto de ley, que tiende a prevenir y disuadir actos ilícitos contra las plataformas fijas que se establezcan para tales actividades. El Estado no puede actuar luego de que sucedan las cosas y en este caso es una demostración de que el país se va adecuando al mundo que se avecina, más aún con los anuncios para las actividades que se aproximan. El presente proyecto ya cuenta con el apoyo de los Ministerios involucrados no obstante vamos a seguir recabando opiniones para mejorarlo en todo lo que sea posible. Los inversores deben contar con normas y reglas claras y que defiendan los interés de ellos, como del Estado en su conjunto.”

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